LA OPINION, Los Angeles, California, Sabado 11 de junio de 1996, pp. 11A, (Editorial).
Un reciente reporte del Gran Jurado del condado de Orange suministro cifras que no tienen nada que ver con la realidad carcelaria del condado. Erroneamente establece que cerca del 27% de los convictos son inmigrantes indocumentados. La oficina del Sheriff de Orange asegura que no sobrepasan el 6%.
Es posible que, como lo reconocio el encargado del Gran Jurado, el dato equivocado haya sido producto de un "error de buena fe". Sin embargo, no hay que olvidar que ha sido esta clase de informes distorsionados los que han propiciado y alentado la virulenta campana antiinmigrante en curso.
Suma gravedad revisten las denuncias de los lideres comunitarios del condado de Orange, de que esta clase de informes carece de toda rigurosidad cientifica, y su unico objetivo es responder a determinados intereses politicos para echar mas lena al fuego del sentimiento antiinmigrante que impera en California.
Cifras tan abultadas como las entregadas por el reporte del Gran Jurado dan pie para hacer una falsa relacion entre delincuencia e inmigracion. La realidad es que los indices de criminalidad entre los inmigrantes recien llegados son muchisimo mas bajos que el porcentaje que tienen en el total de la poblacion.
Son estas las distorsiones que permiten que el ciudadano comun y corriente, alarmado por los altos niveles delictivos, irreflexivamente acepte como una verdad absoluta la infame afirmacion de que los inmigrantes son proclives a la delincuencia, y vienen a este pais con ese proposito en mente.
La preocupacion del Gran Jurado por el hacinamiento carcelario es entendible. Sin embargo, este problema no es causado por los inmigrantes indocumentados. Es resultado del aumento de la poblacion del condado, y de que no se han construido recintos penales en una proporcion acorde con las necesidades de esa realidad demografica.
Asimismo es razonable que el Gran Jurado recomiende que el gobierno federal asuma ciertas responsabilidades financieras por el gasto que ocasionan los presos indocumentados, pero esa demanda se puede plantear sin necesidad de recurrir a distorsiones que provocan mayores prejuicios, intolerancia y divisiones raciales.